Las tres personas responsables del desmonte ilegal de vegetación costera deberán ejecutar un programa de reforestación en las dunas dañadas; la Profepa supervisará las acciones
En audiencia celebrada el pasado 14 de abril en torno al proceso penal relacionado con la remoción ilegal de vegetación costera en Sisal, Yucatán, se aprobó la suspensión condicional del proceso penal, como solución alterna para resolver los delitos ambientales.
Como parte de esta resolución, las tres personas imputadas deberán ejecutar un programa integral de reforestación y reparación integral del daño ambiental ocasionado. El programa incluye la siembra y cuidado de 1200 plantas por hectárea. Se contempla la reforestación con 4,800 plantas distribuidas en un polígono de 40,394 m² de superficie (4.3 hectáreas). Además, se contempla establecer un 20% más de plantas de “colchón” para poder mantener la supervivencia final del 90%. Las especies que deberán sembrar son nativas, entre ellas: mangle botoncillo (Conocarpus erectus), palma chit (Thrinax radiata), uva de mar (Coccoloba uvifera), anacahuita (Cordia sebestena), riñonina (Ipomoea pes-capm), verdolaga de mar (Sesuvium portulacastrum) y altanisa de mar (Ambrosia hispida). Además, deberán cumplir con garantías de no repetición mediante acciones de educación ambiental bajo la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades ambientales.
Para la suspensión condicional del proceso, el facilitador impuso a los imputados diversas condicionantes, entre las cuales se encuentran desempeñar un trabajo lícito, residir en el domicilio proporcionado y someterse a vigilancia mensual.
Este caso tiene su origen en la tala y desmonte ilegal de vegetación de duna costera, matorral costero y mangle (incluido mangle botoncillo, especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT) en terrenos ganados al mar propiedad de la nación, conductas sancionadas en el artículo 418 del Código Penal Federal con una pena de seis meses a nueve años de prisión. Las actividades fueron realizadas por pobladores de Sisal; dichas acciones provocaron afectaciones ambientales significativas y propiciaron riesgos como la especulación inmobiliaria y la proliferación de desarrollos irregulares en zonas ecológicamente sensibles.
Desde el 25 de febrero de 2025, la Profepa implementó una intervención oportuna que incluyó cuatro inspecciones y la clausura de igual número de predios que en conjunto abarcan 4.3 hectáreas. Asimismo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en la vinculación a proceso penal de tres personas identificadas como responsables de encabezar el desmonte ilegal. A partir de estas acciones, se logró frenar tanto la remoción de vegetación como la lotificación irregular en la zona afectada.
De manera paralela, se iniciaron cuatro expedientes administrativos y se impulsaron espacios de diálogo entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con la comunidad de Sisal, con el objetivo de atender sus necesidades y avanzar hacia soluciones sostenibles. En este contexto, el 25 de septiembre de 2025 se suscribió un “Memorándum de Entendimiento” para fortalecer la coordinación interinstitucional en la protección, conservación y restauración de zonas costeras, particularmente en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y terrenos ganados al mar, incorporando un enfoque comunitario y técnico-científico.
Asimismo, el 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo un taller comunitario convocado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, representantes comunitarios y población local, con el propósito de presentar propuestas para la restauración de dunas costeras en la zona afectada.
En el marco de la atención integral del caso, el 3 de marzo de este año se realizó una jornada interinstitucional en Sisal con la participación de diversas dependencias federales y estatales, durante la cual se anunciaron e implementaron acciones en beneficio de la comunidad, como la entrega de una ambulancia, apoyos a pescadores, mejoras en infraestructura educativa, programas de limpieza y proyectos de fortalecimiento social, con la finalidad de contribuir al bienestar de la población.
Como parte del proceso legal, el 2 de marzo los imputados presentaron ante la Profepa un Programa de Reforestación para la Reparación del daño ambiental, el cual fue considerado en la solicitud de suspensión condicional del proceso. Con la resolución judicial del 14 de abril, los imputados quedaron obligados a ejecutar dicho programa mediante jornadas de trabajo semanales, consistentes en tres sesiones de tres horas cada una, hasta lograr la restauración de la zona afectada.
De acuerdo con el programa, las actividades a realizar son: adquisición de plantas, apertura de cepas, reforestación, reposición de plantas, riego, mantenimiento, visitas de supervisión, medición de la efectividad total, y elaboración de informes de seguimiento.
Adicionalmente, deberán abstenerse de reincidir en conductas que afecten el medio ambiente y cumplir con medidas de concientización social, que incluyen la elaboración de 12 materiales audiovisuales a lo largo de un año, enfocados en la concientización de la población respecto al daño ambiental y sus consecuencias jurídicas. Estos contenidos serán supervisados y apoyados por la Profepa para su difusión en plataformas digitales de los imputados o sus familiares.
La suspensión condicional del proceso estará vigente durante cinco años, periodo en el cual las autoridades darán seguimiento puntual al cumplimiento de las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, el proceso penal se reanudará conforme a derecho.
La prioridad en este caso es garantizar la reparación integral del daño ambiental, proteger los ecosistemas costeros y, al mismo tiempo, contribuir a la atención de la problemática social en Sisal mediante acciones coordinadas con los distintos órdenes de gobierno y la comunidad.
