- Se impulsan acciones para garantizar la participación efectiva de las mujeres y fortalecer sus derechos en la gobernanza ambiental
En el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, participó en la Mesa sobre la Transversalización de la Perspectiva de Género, donde México posicionó este enfoque como un componente sustantivo de su política ambiental.
En su intervención, la titular de la Profepa destacó que la transversalización de la perspectiva de género es muy relevante en la implementación del Acuerdo de Escazú y explicó que para México es una prioridad nacional incorporada en instrumentos rectores como el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, y que en las nuevas políticas públicas está presente y busca garantizar la igualdad sustantiva.
Asimismo, reiteró que México continuará fortaleciendo sus capacidades institucionales mediante capacitación, generación de indicadores y diálogo con la sociedad civil, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental. En este sentido, destacó que se están generando datos desagregados y una línea base, lo cual es fundamental, ya que medir permite alinear la ejecución con los objetivos de la planeación, así como transparentar y rendir cuentas en esta y otras materias. Subrayó que medir es clave para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género.
La procuradora federal informó que el país impulsa acciones concretas para consolidar este enfoque, entre ellas el desarrollo de cursos especializados sobre el Acuerdo de Escazú dirigidos al sector ambiental y a la Administración Pública Federal, así como la elaboración de herramientas de análisis territorial para identificar y atender problemáticas socioambientales con enfoque de género.
Finalmente, señaló que la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú en México es un proceso integral que articula compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); las metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal; y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la política nacional en materia de cambio climático, biodiversidad, protección de saberes, colaboración intersectorial y la participación activa de mujeres y comunidades en las políticas públicas.
El Gobierno de México reitera que la implementación del Acuerdo de Escazú no sólo implica cumplir compromisos internacionales, sino transformar de fondo la manera en que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas ambientales. Incorporar la perspectiva de género, con base en evidencia, medición y rendición de cuentas, es indispensable para garantizar que nadie quede fuera.
