- Las autoridades se comprometieron a revisar los expedientes y litigios en la zona, apegándose a los principios de transparencia y rendición de cuentas en el marco de la Política Ecológica y Ambiental Humanista del Gobierno de México
Esta mañana acudió a la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, una delegación integrada por personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El objetivo fue recorrer la bahía con integrantes de las comunidades de Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos para dialogar sobre los impactos ambientales de proyectos industriales que han comenzado a desarrollarse en la zona.
Durante el recorrido, los habitantes de las comunidades afectadas expusieron su preocupación por ciertas irregularidades en permisos y autorizaciones previamente otorgados por diversas dependencias para la implementación de los proyectos, así como por el impacto que algunas actividades desarrolladas por las industrias en la zona podrían generar en la pesca, la biodiversidad y los ecosistemas.
Por instrucción de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, las autoridades se comprometieron a revisar los expedientes y litigios mencionados y apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas que promueve la Política Ecológica y Ambiental Humanista del Gobierno de México.
La delegación del gobierno federal estuvo integrada por el titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Semarnat, Jaime Vázquez Bracho; el director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, Alfredo Arellano Guillermo; el encargado de la Coordinación General de Derechos Indígenas del INPI, Ivan Ramos Méndez; el titular de la Oficina de Representación de la Semarnat, Renato Ocampo Alcantar; y el titular de la Oficina de Representación de la Profepa, Marco Antonio Moreno.
El sector ambiental federal reafirma su compromiso de mantener un diálogo permanente con las comunidades para construir alternativas conjuntas que protejan la vida y el medio ambiente.
