Sobre la situación que priva en la población y puerto de Sisal, comisaría del municipio de Hunucmá, en Yucatán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclara que los terrenos ganados al mar son propiedad de la nación, por lo que nadie puede disponer de ellos para su aprovechamiento y uso con fines comerciales o de habitación sin contar con concesión de esta Secretaría.
Los terrenos ganados al mar son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación; se trata de terrenos inalienables, imprescriptibles e inembargables, y corresponde a la Semarnat promover su uso y aprovechamiento sustentables. Por lo tanto, los gobiernos estatales y municipales no tienen atribuciones o competencias para su administración u otorgamiento a particulares.
La construcción de obras en las playas, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar, sin las autorizaciones ambientales que otorga la Semarnat, genera impactos ambientales negativos que ponen en riesgo a la flora y fauna silvestres y, en consecuencia, los servicios ambientales que proveen los ecosistemas costeros.
La zona de costa se caracteriza por su dinamismo y alta productividad, que son afectados por la ejecución de obras no autorizadas, pues estas comprometen los procesos biológicos que sustentan a los recursos naturales de los medios marino y terrestre; además, éstas obras ocasionan modificaciones en la morfología y dinámica de la línea de costa que repercuten en los patrones de sedimentación, llegando a generar la pérdida de playa y la afectación de obras preexistentes.
Lo anterior, se agrava ante la falta de implementación de medidas de mitigación de los impactos ambientales adversos, situación derivada de la falta de las autorizaciones mencionadas.
En este sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) busca la restauración de la zona afectada, el rescate de la palma chit, del manglar y del resto de la vegetación nativa, cuyo desmonte representa un riesgo porque debilita la barrera que protege la costa.
Situación actual:
Desde hace algunos meses, pobladores del citado municipio iniciaron labores de desmonte para ocupar esos terrenos, con la intención de lotificarlos para su ocupación y venta, con el argumento de que les corresponde su posesión por ser habitantes de la comunidad, afirmación incorrecta, dado que se trata de terrenos que son propiedad de la nación. Y si bien, la Semarnat tiene la facultad de otorgar concesiones y permisos a particulares para uso y aprovechamiento, incluso realizar obras en este tipo de terrenos (con las medidas de mitigación y protección de los ecosistemas pertinentes), se debe contar con las concesiones señaladas antes de realizar cualquier tipo de actividad y de estar en posibilidad de una desincorporación del régimen del dominio público.
A pesar de esto, en febrero pasado un grupo de pobladores ha procedido a invadir y desmontar tres superficies con terrenos ganados al mar de la costa de Sisal, de 10,400 m2, 12,600 m2 y 14,784 m2 respectivamente. En respuesta, la Profepa ha realizado visitas de inspección, colocado sellos de clausura y abierto procedimientos administrativos para frenar este proceso ilegal.
A raíz de estos hechos, autoridades del sector ambiental, del estado y municipales han llevado a cabo varias reuniones con una comisión de líderes pobladores de Sisal; estos encuentros se han dado en las instalaciones de la Profepa Yucatán, en Palacio de Gobierno y en las propias instalaciones de la Semarnat Yucatán, con el fin de buscar posibles soluciones a la problemática planteada por los pobladores y de avanzar en la restauración de los recursos naturales dañados hasta el momento.
A pesar de estos diálogos, un grupo de personas de Sisal, inconformes con los avances en los encuentros, continúa con la quema de arbustos, la apertura de calles y la lotificación de la línea de costa, en donde los pasados días 29 y 30 de abril se encontraron marcadores de delimitación (mojoneras) que fraccionaban lotes en la zona.
Por todo esto, actualmente hay tres procedimientos administrativos y se ha levantado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), para la cual se está integrando la carpeta de investigación correspondiente para determinar los daños ambientales y los responsables de ejecutarlos.
