- Determina que las sanciones ejecutadas por Conagua son legales y necesarias para preservar el interés social
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor el recurso de queja 230/2025, lo que permite continuar con la ejecución de sanciones en el rancho “El Saucito”, ubicado en el estado de Chihuahua, por el uso indebido de aguas nacionales y la alteración del cauce del arroyo El Saucito, que conduce las aguas superficiales al río Agujas, hasta llegar al río Conchos y en última instancia al río Bravo.
El pasado 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó el auto emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, que había concedido una suspensión provisional que impedía a la Conagua continuar con las medidas sancionatorias previamente resueltas, como la demolición y remoción de obras de represas construidas sin autorización.
Dicho Tribunal consideró fundados los argumentos presentados por Conagua, entre ellos que los quejosos no acreditaron contar con un título de concesión para el uso de aguas nacionales. Además, señaló que el municipio no tiene facultades para otorgar este tipo de permisos, y que mantener la suspensión implicaría afectar el interés social y contravenir el orden público, al obstaculizar la gestión adecuada de un recurso nacional.
Asimismo, se subrayó que permitir que el agua retome su cauce natural representa un beneficio colectivo y una acción a favor del derecho humano al agua, por lo que se validaron las actuaciones de la Conagua conforme al marco legal vigente.
Por lo anterior, el Juzgado Décimo de Distrito del estado de Chihuahua, resolvió el pasado 9 de junio negar de manera definitiva la suspensión que impedía la demolición de las represas de agua que se encuentran en el Rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador César Duarte y así garantizar el derecho humano al agua de la población.
Conagua reitera su compromiso con la justicia y con la protección del agua como bien nacional, velando por su uso responsable, equitativo y en beneficio de toda la población, por encima de intereses particulares, todo siempre con estricto apego a derecho.
