Para poner freno a la especulación del mercado inmobiliario es necesario explorar y desarrollar políticas de vivienda que impulsen modalidades distintas a la propiedad privada individual, coincidieron las especialistas de la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM, Eftychia Danai Bournazou Marcou y Mariana Borja Rodríguez.
En el seminario “Ciudad habitable para todas y todos” el investigador del Instituto de Geografía (IG), Luis Alberto Salinas Arreortua, también señaló que el mercado de la vivienda en alquiler se está ampliando porque es un negocio rentable, pero con informalidad pues no hay bases de datos de esos inmuebles, muchos inquilinos carecen de contratos, entre otros aspectos.
La doctora en Urbanismo Eftychia Danai Bournazou Marcou indicó que la vivienda pública en alquiler sin opción de compra conformaría un límite al mercado inmobiliario y a los procesos de gentrificación. Es un reto mayor, pero podría ser la única forma para acotar a esta ampliación del mercado.
En ocasión de la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales de COMECSO ¿Ciudad para quién? Acceso a la vivienda en el capitalismo global, la especialista universitaria añadió: se deben proponer alternativas como las cooperativas que hay en Uruguay y Europa; establecer un Sistema Nacional de Vivienda en Renta Social.
Estas propuestas implicarían retos; por ejemplo para impulsar la propiedad pública del suelo se requeriría una reforma constitucional; las cooperativas de vivienda demandan un marco regulatorio, además sería necesario promover cambios culturales respecto a la propiedad privada y una estrecha colaboración entre la academia y la ciudadanía para plantear este tipo de proposiciones y exigir cambios.
Mariana Borja Rodríguez coincidió en explorar nuevas modalidades como la propiedad colectiva y el impulso a cooperativas. Que beneficie más a las personas desfavorecidas.
Aclaró que no hay programas públicos robustos de vivienda pública en renta. En la Ciudad de México, alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez son las que más tienen en renta, pero un número importante de inquilinos no tiene contrato ni tampoco opinión sobre las mismas. “En estas zonas tensionadas aumenta más de 20 por ciento anual el precio de renta, que se exacerbó a partir del COVID”.
La maestra en Arquitectura e integrante del Laboratorio de Vivienda de la FA añadió que hablar de este rubro en México es hacerlo de desigualdad urbana, pues expresa las brechas económicas y la manera en que el suelo, el crédito y la política pública se articulan con las lógicas del capitalismo y sus reglas.
La vivienda ha pasado de ser un bien social a un activo financiero. Se trata de ver quién se puede endeudar y se le da crédito; pero aun cuando hay personas que tienen la posibilidad de hacerlo, se les niega porque no puede demostrar solvencia. Existen aquellas que logran pagar por habitar la ciudad central y quienes tienen que irse a las periferias, expresó.
En tanto, Luis Alberto Salinas expuso que en los últimos años se ha privilegiado la mercantilización, a partir de la vivienda en propiedad, y actualmente la de alquiler se ve como un negocio altamente rentable por el sector inmobiliario.
Es activo financiero, varias de las inversiones internacionales que hay en distintas ciudades son para que se construya aquella destinada al alquiler, no para la venta, dijo.
Detalló que también hay normas permisivas o propias de libre circulación de capital que facilitan, por ejemplo, que grandes empresas financieras o fondos de capital operen en el país y participen en plataformas digitales para el arrendamiento. Todo amparado por el Estado.
Incluso comentó que hay parte del sector privado que capta capital de distintas fuentes -como de los fondos de ahorro de los trabajadores- con las que compra propiedades o viviendas para el alquiler mediante aplicaciones. Están enfocados a población de ingresos medios y altos, regularmente de estadías cortas, lo que los hace más lucrativos.
