Fotografía: UNEP- México ha prohibido glifosato y 35 sustancias recientemente, pero carece de una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos. En la Península de Yucatán, el uso de estos productos ha provocado la muerte masiva de abejas y la contaminación del agua de pozos tradicionales.
El liderazgo de México en acuerdos ambientales choca con la “distancia preocupante” de los desafíos internos a los que se enfrenta. El respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad.
En México han proliferado las «zonas de sacrificio», territorios donde comunidades enteras conviven con cáncer, abortos espontáneos y enfermedades crónicas por la contaminación industrial, mientras las autoridades no protegen sus derechos, advirtió este lunes el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas*, Marcos Orellana, al concluir una visita de 12 días al país.
«Vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo», afirmó el experto, quien recorrió siete estados y recibió información de al menos 20. Según el Inventario Nacional de Sitios Contaminados, existen 1142 lugares registrados, pero la cifra real es mucho mayor.
Orellana alertó sobre el crecimiento «descontrolado» de más de 500 granjas porcícolas en Yucatán, instaladas sin consulta a comunidades mayas y sin autorizaciones ambientales, que contaminan mantos acuíferos del Anillo de Cenotes. En Querétaro, la minería artesanal de mercurio ha disparado los niveles del metal hasta 500 veces por encima de los valores de referencia, generando «una grave crisis de salud pública». En Hidalgo, el corredor industrial Tula-Tepeji expone a sus habitantes a un cóctel de tóxicos de cementeras, acereras y termoeléctricas.
El relator criticó que México haya aumentado las importaciones de desechos para ser quemados como «combustible barato» bajo el eufemismo de «coprocesamiento». «El combustible barato resulta caro para la salud de la gente«, denunció, y recordó que quemar residuos «es el punto final de una economía lineal, contrapuesta a una economía circular».
Ríos contaminados y plaguicidas sin control
El experto puso el foco en la grave contaminación de los ríos Atoyac, Lerma, Tula y Sonora, este último aún afectado por el derrame de 2014 de la minera Buenavista del Cobre. «La falta de reparación integral a las comunidades agrava la situación», advirtió. En el caso del río Sonora, señaló que la exposición continua a metales pesados y la falta de transparencia configuran «un escenario que perpetúa la vulneración de los derechos».
Sobre los plaguicidas, Orellana recordó que México ha prohibido glifosato y 35 sustancias recientemente, pero carece de una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos. En la Península de Yucatán, el uso de estos productos ha provocado la muerte masiva de abejas y la contaminación del agua de pozos tradicionales, que ya no es apta para consumo humano. «Incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas», alertó.
Un llamado a la justicia ambiental
Pese al liderazgo internacional de México en acuerdos ambientales, Orellana señaló una «distancia preocupante» entre ese prestigio y los desafíos internos. Instó al país a aprobar leyes generales de sustancias químicas y de plaguicidas altamente peligrosos, y a coordinar acciones efectivas entre autoridades de salud y medio ambiente.
«El respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad», concluyó el experto, haciendo eco de las palabras de un joven maya que conoció en Campeche: «Hoy recordamos que la paz no es ausencia de guerra, hoy decimos que paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia».
*El experto: Marcos Orellana,relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
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