- Es una herramienta jurídica fundamental para atender la problemática global, destacó
El derecho a la ciudad y su relación con el cambio climático no ha presentado el desarrollo jurídico e institucional que podría tener; hay un faltante doctrinal y pragmático que es necesario cubrir, explicó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Javier Dorantes Díaz.
Durante su participación en el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza 2026, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, añadió que es responsabilidad de todos los actores lograr su aplicación y consolidación.
Esa prerrogativa puede ser una herramienta jurídica significativa para dicha problemática mundial, entre otros aspectos porque el calentamiento global sigue en aumento, de acuerdo con el Informe de Prospectiva Global del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo en la sesión dedicada al tema “Derecho a la ciudad y cambio climático. Una relación ineludible”.
Se requiere reducir a 42 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero; además, hay un millón de especies amenazadas, junto con 100 millones de hectáreas degradadas.
Para 2050, advirtió, disminuirá la disponibilidad de alimentos, según el documento “Perspectivas del medio ambiente mundial. El futuro que elegimos”, donde intervinieron 287 científicas y científicos de 82 países.
Con base en el citado Informe, ante ese panorama se requieren medidas integradas, radicales, rápidas e innovadoras. “Por eso propongo que el derecho a la ciudad puede ser propositivo en materia de cambio climático”, enfatizó Dorantes Díaz.
El experto lo definió como una garantía fundamental colectiva, de naturaleza justiciable, que busca la sistematización y relación de interdependencia entre los derechos a la cultura, medio ambiente, educación y al trabajo.
Además, obliga al Estado a la prestación de servicios públicos de calidad, a la buena administración y la aplicación de los principios de función social de la propiedad y la ciudad, así como la inclusión y la participación democrática, añadió en la sesión a distancia.
En el caso de la capital de la nación, la Constitución, en su artículo 12, establece que la Ciudad de México garantiza el derecho a la urbe, es decir, el uso y usufructo pleno y equitativo fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad; de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
Con esa garantía tenemos un concepto integrador, que puede ser útil para sumar diversos derechos que deben ser armónicos y tener como uno de sus principios el combate al cambio climático, manifestó el experto.
Va más allá de la sustentabilidad; se aplica a una buena administración. Además, fortalece la participación social y la cultura democrática. “Podemos usarlo en acciones jurídicas, como concepto fundamental para el litigio estratégico y estudios integrales”. Hoy en día, apuntó Dorantes Díaz, estamos construyendo un derecho más acorde con la naturaleza, más allá de una visión antropocéntrica.
